Los enfrentamientos producidos el 11 de octubre entre matones y sindicalistas en las instalaciones del Hospital Francés, registrados en vivo y en directo por la televisión, no representan más que un recorte espectacular de la noticia. Toda la dramatización de las piñas, sujetos armados, objetos voladores que destrozaron las instalaciones, gritos y forcejeos, conforman apenas un acto en la puesta en escena de un conflicto cuya cintura es mucho más ancha que la del corpulento "La Tuta" Muhamad. Hay otra cara de la crisis que, entre tanto barullo armado, no se deja ver.
Los primeros signos de la gravedad de la situación en el hospital datan de hace casi dos años. Ya en los comienzos de 2005, la entidad registraba un fuerte endeudamiento con el personal médico y no médico, con los prestadores externos y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En diciembre del mismo año, el conflicto tomó estado público y la crisis se agudizó: en pocos meses, más de 100.000 asociados emigraron hacia otras prestadoras, lo que provocó la caída abrupta de ingresos de las cuotas mensuales.
A pesar de la situación, durante más de un año, preponderaron el silencio mediático y la actitud ausente del gobierno. El espacio del reclamo fue ocupado por una porción del sector gremial como el único grupo que intentó hacerse escuchar a través de infructuosas movilizaciones y la organización solidaria junto con otros nosocomios, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), y algunas organizaciones políticas como la del Partido Obrero (PO).
Tampoco capturó la atención de los medios que en el crítico escenario se produjera un llamativo suceso, como el que transcurrió en la madrugada del 10 de enero de este año, cuando se produjo un incendio en el primer piso, en las oficinas del sector contable del hospital. Aunque tuvieron que intervenir tres dotaciones de bomberos y el personal de la comisaría 20 para sofocarlo, como no hubo víctimas ni fue necesario desalojar a los internados, fue suficiente la explicación dada por las fuentes oficiales del hospital: “un corto circuito”. El acontecimiento pareció no despertar curiosidad ni sugerir algún vínculo con el desmoronamiento económico que se venía produciendo en la institución.
Así fue como, en tiempo record, el Francés se encontró en un virtual abandono: los salarios dejaron de abonarse, los servicios internos y externos dejaron de brindar atención a los afiliados, se agotaron los recursos básicos, cesaron los estudios médicos y el suministro de medicamentos; se suspendieron las intervenciones quirúrgicas y la atención se restringió a los pacientes internados y casos de extrema gravedad. Además de peligrar la fuente laboral, de 2500 trabajadores, el reducido número de asociados que resta en el plan médico, se encuentra totalmente desamparado. La mayoría son personas mayores o con impedimentos para pasarse a otra prestadora que los acepte. Todo este proceso se produjo detrás de los telones, que sólo fueron descorridos a partir de la aparición estelar de Muhamad y sus amigos.
Fue el capítulo más reciente el que capturó el interés público: la toma del hospital por un grupo de patoteros. Pero el alcance significativo de la difusión del conflicto se limita al escándalo provocado e induce la mirada de la opinión pública hacia la necesidad urgente de resolver la situación. Surgen así los conocidos artilugios y el ensayo de formulas mágicas, como la creación de “fideicomisos” o paliativos financiados por un Estado “salvador”. Mientras tanto, se soslayan la solución de fondo y la investigación sobre el verdadero origen de la crisis: ¿cómo es que llegó a convertirse una institución como el Francés, fundada en 1832, en esta ruina total?.
El verdadero origen de la crisis
En 2002 Provincia Servicios de Salud S.A, empresa de medicina prepaga del grupo Banco Provincia (Bapro), firmó con Carlos Tossi, director del Hospital Francés, un “acuerdo de transferencia de activos, ciertos pasivos y uso de marca”, por 25 años, con el objetivo de alcanzar una cobertura integral de salud en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El convenio, que no fue una venta ni una fusión con intercambio de acciones, como tampoco la formación de una nueva sociedad anónima, generó una particular unión denominada “Provincia Salud-Hospital Francés” (PSHF). Consistió en la integración de 50000 afiliados de Bapro Provincia Salud al Hospital Francés. Fuentes gremiales afirman que el Hospital Francés, a cambio de la transferencia de afiliados, convino un fee mensual indexado y variable (cuyo monto total es millonario), con el propósito de cancelar deudas que el Bapro mantenía con anterioridad con prestadores y proveedores del servicio de salud. Además, la inclusión de prestadores y afiliados del Bapro al Francés trajo consigo una cápita menor a la cuota de la prepaga que tenía el Francés por parte de su plan prepago Cefran, lo que acentuó la paulatina descapitalización del hospital.
Previo a la unión, ambas entidades se encontraban en una delicada situación. El Hospital Francés mantenía una deuda con el fisco y con el personal médico contratado, y el Banco Provincia estaba siendo investigado por irregularidades descubiertas en las distintas empresas del grupo a raíz de una serie de préstamos y la licuación de deudas que la entidad había otorgado a favor de grupos empresarios como Clarín y Showcenter, entre otros.
Los escándalos del Banco Provincia provenían de la década del 90, cuando entre los directivos de la entidad se encontraba quien hoy es el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, el responsable del desarrollo de varias empresas del grupo Bapro, entre ellas Provincias Servicios de Salud S.A.
La evolución del conflicto:
A raíz de una denuncia presentada por un grupo de afiliados y la acefalía producida en la institución, intervino la Inspección General de Justicia quien, tras varias actuaciones, designó como interventor al Dr. José Luis Salvatierra, funcionario que debió renunciar tras los recientes enfrentamientos entre los gremialistas y la patota que tomó el hospital días atrás.
También intervino el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien promovió una demanda judicial contra el Hospital Francés y Provincia Servicios de Salud S.A. ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 3, a cargo del Dr. Roberto Torti. A pesar de que en la causa solicitó a la entidad sanitaria y a Provincia Servicios de Salud S.A. que cumplieran con la obligación de asegurar el ejercicio del derecho a la salud de todos sus asociados y afiliados, la crisis continuó agravándose hasta llegar al colapso total que registra en la actualidad.
La movilización sindical no se muestra unificada
Evidencia distintos intereses en juego. Por un lado, el ala negociadora, liderada por David Garuti, delegado el personal no médico, vinculado con el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrili. Responde al grupo de “los gordos” de la CGT de la Federación de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo. En el otro extremo, el ala izquierda, encabezada por Jorge Siliotti, médico asambleista, y José Cóceres, delegado de enfermeros, en un primer momento responsabilizan al Grupo Bapro y a Carlos Tossi por malversación de fondos y contrataciones irregulares, y reclaman al Banco Provincia, que garantizara los sueldos. Con ellos se solidarizaron el personal del Garrahan, del Ramos Mejía, del Banco Provincia, movimientos del MAS, del PO y FUBA. Pero en la actualidad, este sector pone mayor énfasis en el reclamo de la estatización del hospital Francés.
Intervenciones del gobierno
Primer “salvataje” oficial: En marzo, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires , por pedido especial del presidente Néstor Kirchner, sancionó la Ley 1923, por la cual el gobierno porteño se comprometió a pagar hasta 3 meses de salarios a los 2.500 trabajadores del Hospital, mediante la creación de un "Fondo Especial de Ayuda al Hospital Francés", con un importe máximo de $8.500.000. El dinero estaba destinado a los no profesionales y a sólo un 5 por ciento de la planta de médicos. Los médicos que no están en relación de dependencia (más del 90% del plantel profesional) quedaron fuera del subsidio.
El 11 de octubre, un grupo de personas irrumpió en el hall del centro asistencial y desalojó a los golpes a los que participaban de una reunión gremial. Los graves incidentes derivaron en gremialistas, policías y periodistas y el diputado nacional Carlos Tinirello, heridos.
El Gobierno nacional propuso a los gremiealistas desplazar al actual interventor judicial, José Luis Salvatierra, y la creación de un fideicomiso con fondos mixtos del presupuesto nacional y aportes privados para sostener financieramente el hospital y relocalizar a parte de los 2.500 trabajadores que allí trabajan. Pero la comisión gremial interna y los profesionales exigieron la salida del actual director del hospital, Walter González, y los colaboradores que llegaron con él, tanto asesores como directivos.
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