A partir de la ley de educación promulgada durante la presidencia de Carlos Menem, la totalidad de las escuelas y los docentes pasaron a la órbita provincial. En diciembre pasado, por iniciativa del ministro Daniel Filmus, se promulgó una nueva Ley de Educación Nacional, que lleva el número 26.206, cuyos aspectos principales son el incremento del período de escolaridad obligatoria de 10 a 13 años y la unificación del sistema educativo nacional. La promulgación contó con el apoyo explícito del titular de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Hugo Yasky, quien la calificó como “un hecho histórico”, y afirmó: “A partir de ahora no le podemos echar la culpa a nadie. Está en nosotros velar porque se cumpla esta norma y la de Financiamiento Educativo”.
El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, reclamó por la "falta de igualdad de oportunidades” que establece la nueva ley, “porque el dinero destinado a la educación debe ser por alumno y no un porcentaje del presupuesto de las provincias". El dirigente de la CTERA, Hugo Yasky, le respondió: “Ante expresiones como ésta, hay que demostrar que la Argentina no va a ser más fábrica de mano de obra barata y que la docencia no va a ser más trapo de piso de ningún señor feudal”.
La nueva ley no modifica la cuestión salarial que, al igual que en el período de Menem, continúa dependiendo de cada gobernación. Permanece intacta la estructura del sueldo docente, compuesta de una cantidad de ítems cuya suma conforma la totalidad neta ´de bolsillo`. El ´salario básico´, uno de los ítems, es una porción muy menor del neto o 'en mano', y los incrementos hasta ahora realizados se otorgaron bajo el ítem “bonificaciones", sin engrosar el salario básico ni integrarlo a los aportes al fisco, en desmedro de las remuneraciones por aguinaldos, vacaciones, jubilación, escalafones e indemnizaciones. En algunas provincias, como Santa Cruz, se registran salarios básicos cuya cifra ni siquiera llega a los 3 dígitos.
Filmus en campaña. La suba salarial
En marzo, lanzada la candidatura de Filmus a Jefe de Gobierno porteño, el ministro estableció un piso mínimo de $1040.- para los docentes de todo el país. La suba generó un serio conflicto en la provincia de Buenos Aires, ya que involucra al 50% de la matrícula de alumnos y dos tercios de la masa salarial docente del país. Unos 270 mil trabajadores que demandan en el orden de 1.500 millones de pesos anuales, cifra que supera la previsión presupuestaria de este año, una partida de 600 millones de pesos para atender los reclamos de la totalidad de los empleados públicos bonaerenses.
La medida, acusada de inconsulta por parte de las provincias, en el territorio bonaerense provocó un enfrentamiento con el ministro de Economía, Gerardo Otero, quien acusó a la administración central de pensar "en demasía en el cortísimo plazo". Filmus, no tardó en responderle con un comunicado ministerial: "Ya dejamos atrás los tiempos en que los ministros de Economía llevaban a la práctica los ajustes. Los tiempos cambiaron", agregando que "antes renunciaban los ministros de Educación porque los docentes eran la variable de ajuste". Otero renunció y la Nación debió acudir con un salvataje de urgencia para aplacar los reclamos de los docentes bonaerenses, quienes apuntaron a la demanda del salario de bolsillo versus el salario básico.
Provincia de Buenos Aires: la antesala del conflicto mayor
El conflicto bonaerense, significó la antesala de los reclamos en el resto del país y provocó el retraso del inicio de clases en varias provincias. En el caso de Neuquén, los docentes venían reclamando una recomposición salarial desde antes del inicio del ciclo lectivo en la provincia. El Gobierno ofertó una escala que tenía un sueldo mínimo de $ 1.140, pero el plenario la rechazó porque no se daban los mismos aumentos a los profesores de nivel medio ni contemplaba el sinceramiento del salario básico. A partir de allí, se estancaron las negociaciones y recrudecieron las manifestaciones de protesta, que se extendieron durante todo marzo.
